sábado, 27 de marzo de 2010

LA VOLUNTAD DE LOS HIJOS DE NOBLE

Como venimos viendo, uno de los temas que aparecen como oferta de moda televisivo-informativa en algunos medios de comunicación, es el caso de los hijos (dándole el beneficio de la duda) de Ernestina Herrera de Noble. En consecuencia, los operadores del establishment, buscan instalar un argumento en defensa de la directora de Clarin, que se arraiga fuertemente en la opinión pública: Los hijos de Noble tienen derecho a seguir siendo quienes creen ser.

Este fundamento, es un mero comodín del sentido común. Quedá bien decirlo, y pensarlo parece bastante noble (si si, es un doble sentido), si se tiene en cuenta que el Estado al investigar, está avasallando la voluntad de quienes son las víctimas principales del caso: los hijos de Ernestina.

Ahora bien, esta verdad ya anunciada desde los operadores funcionales a Clarín, carece de todo tipo de asidero y sustento empírico. Una vez más, observamos como el "sentido común", siempre viciado y condicionado por patrones culturales emanados de los medios de comunicación, no alcanza para otorgar al caso en concreto una solución racional. En adelante, explicaré las razones.

Abusando de la síntesis, permítanme resaltar muy burdamente que a partir del Siglo XII o XIII, en Europa aparecen los Estados modernos, con la instauración del sistema capitalista. En consecuencia, en materia penal, el soberano es expropiador de los conflictos entre los particulares, quienes ceden al mismo la potestad para monopolizar el uso del poder punitivo, en su rol de "castigador" y de "investigador". De modo tal, que la voluntad de juzgar y averiguar una verdad penal está únicamente en manos del Estado, quien utilizará los medios necesarios a su alcance para cumplir con su atribución.

Esta idea neurálgica de la cuestión, se sostiene hasta el día de hoy. Si bien ha mutado el tipo de procedimiento que el soberano utilizará (inquisitivo, acusatorio, mixto), sigue siendo el Estado el único legitimado para averiguar una verdad penal, en toda la legislación occidental. Argentina, no es la excepción.

Así las cosas, en la actualidad, los delitos por regla general -salvo excepciones específicas- son de acción pública; esto significa basicamente, que ante una denuncia o ante la flagrante comisión de un delito, el Estado, a través de sus órganos y funcionarios, debe proceder a investigar hasta encontrarle una resolución penal al caso. Ello, independientemente de la voluntad de la víctima. No sé si hasta aquí ha quedado claro: de no intervenir, el Estado sería cómplice de un delito, situación ésta contraria a la idea de Estado de Derecho.

Supongamos el simple caso en que a uno de nosotros nos roban el vehículo en la vía pública, y el hecho es observado por un funcionario policial. En este supuesto, el policía, no nos consultará qué interés tenemos en que el Estado proceda a intervenir en el hecho. Simplemente, procederá de oficio, independientemente de nuestra voluntad. Uno, como víctima, no tiene más que colaborar con la Justicia ante cada diligencia que ésta requiera. Si en un delito a la propiedad, uno como damnificado, carece de voz y voto a los efectos de impulsar la investigación judicial, ¿que imaginan que debe ocurrir ante un delito de tal gravedad como el que se le imputa a la Sra. de Noble?

Por último -juro que puedo extenderme mucho más-, no crean que el derecho a la identidad por ser un derecho personalísimo se encuentra ajeno a los alcances del Estado. En el caso en concreto, la identidad está viciada de una manera grave, y lo que es aún peor, es que el vicio es obra de un funcionario público. Por lo tanto, no sólo el derecho a la identidad no es tal ya que hay un vicio originario en ella, sino que además el Estado no puede bajo ningún concepto ser cómplice de un delito del que fue autor mediante uno de sus agentes. He aquí, una doble responsabilidad pública para resolver el presente caso.

Al cabo, amigos lectores, vemos como el sentido común no puede tener lugar en este tipo de casos, ya que resulta ser un argumento carente de justificación histórica, legal, y empírica. Como vimos, la intromisión del Estado por encima de la voluntad de las víctimas, no es un capricho K ni una posición autoritaria del gobierno, sino que obedece a una conducta pública que se ha constituido en el siglo XII y que sobrevive al día de hoy en todos los procesos penales.

Sin más, gracias por leer.

8 comentarios:

  1. De acuerdo estoy con que el Estado, con su potestad delegada, investigue los delitos que se cometieron en su nombre. También que la cuestión de la identidad como derecho personalísimo y todo lo referente a ella en el ámbito jurídico debe ser diagramada nuevamente.
    Sin embargo, esta identidad es algo que nos conforma, que nos forma en realidad. Es un tema muy complicado. Creo que no tengo nada de autoridad, ni suficiente experiencia y estudio como para debatirlo.
    Pero, comparto tu posición Sunday.

    Saludos!

    (con respecto al almuerzo del lunes, ya lo tengo en vista, no se te ocurra llevar nada)

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  2. Es que confluyen dos cuestiones. Antes de la anulación de las leyes de impunidad, las apropiaciones (como es este caso) eran acciones cometidas en tiempos de dictadura y sostenidas como tales en el presente. Pero una vez qeu se anulan esas leyes, jurídicamente, a la situación se le agrega el hecho de que asociado a ese delito que comenzó tiempo atrás y se sigue cometiendo, existen otros delitos, de carácter imrescriptibles. Así, teniendo en cuenta esto, parece que la negativa a esclarecer estos hechos corresponde a su vez a un acto de encubrimiento. No sólo es el delito contra la identidad de la persona apropiada sino que puede presumirse que, a su vez, sus padres pudieron haber sido a si mismo víctimas de un delito que no prescribe. En tal caso no serían sus hijos las víctimas.

    Saludos

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  3. Pues no habría forma de probar o no el delito, si no se demuestra al identidad de los chicos.

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  4. No poder probar por chicanas judiciales es el encubrimiento de este terrible delito, devenido desde un asesinato.
    Recuerdo un caso de consultorio con una niña de cuatro años a quien su madre (eso lo fui conociendo de a poco)le negaba su filiación y ocultaba la identidad del padre (por razones de la pareja. Era como una hija de madre soltera. Esto es una caso de alienación parental y muchos padres luchan por tenencias por este tema rompementes de niños y jóvenes. La niña en cuestión luchó a partir de sus síntomas (que la habían puesto al borde de la muerte) y después de una terapia familiar, pudo conocer su padre quien nunca se había negado a contactarse con ella y aunque ustedes no lo crean se mejoró su cuerpo. La alienación de estos ya jóvenes adultos quien sabe como se fue tejida. Lo siniestro de todo ésto es que las víctimas invisibles y no nombradas fueron sus padres asesinados. La complicidad y encubrimiento tapa justamente esa posibilidad, y la zona gris que cubre la revelación pasa por la interpretación de los jueces. El delito era la adopción ilegal, tapado ésto ¿cómo se exige lo otro?. Yo me pregunto si estos jóvenes se psicoanalizan y hasta dónde puede ayudar un terapeuta.

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  5. Perdonen se me fueron por ahí unos errores de teclado.

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  6. Excelente análisis lo linkeo, está muy bueno !!! saludos compañero.

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  7. Cuanto más tiempo pasa, interpreto que la Justicia pretende dilatar el proceso de identificación de esos dos jóvenes, en una clara complicidad con el poder que siempre ha ejercido la noble Ernestina. Por lo tanto, puedo sospechar que efectivamente esos chicos son apropiados. Quisiera que se esclarezca estetema y además, el de la propiedad de Papel Prensa.
    Saludos

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  8. compañero te dejo mi mail juliansu13@hotmail.com
    nos encontras en el facebook "centro de estudios barriales chacho peñaloza" fuerte abrazo

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