martes, 26 de abril de 2011

BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD


La baja en la edad de imputabilidad, no es más que una arista comprendida en un proceso de ampliación del poder punitivo del Estado, cuyos axiomas provienen desde los Estados Unidos y son aplicados desde hace algunas décadas en la Argentina. El discurso es altamente represivo respecto de los sectores más vulnerables de la sociedad, estigmatizando e instalando la idea social de que se vive en un permanente estado de guerra, en la que el enemigo a vencer, el pobre, el indigente, el marginado, fue ingeniado por los mismos actores que promueven la proliferación del castigo. Ello, conlleva a una inflación punitiva desmedida, es decir, una necesidad permanente y constante de ampliar los brazos represivos del estado, saturando las calles de efectivos policiales, otorgando cada vez más atribuciones a la policía, ampliando considerablemente el número de dependencias penales, y por sobre todas las cosas, endureciendo cada vez más el sistema de legislación penal vigente.

Resulta imposible separar este discurso del modelo neoliberal, tan conocido –y padecido- por los pueblos latinoamericanos, ya que en la esencia de ambos priman los valores de mercado y consumo antes que las reivindicaciones y las libertades sociales. Estos atributos, propios del enfoque neoliberal, hacen que no se tenga en cuenta –al menos explícitamente- el “para qué” del castigo sino el “cuánto” del mismo. Se mide al castigo estatal en términos de mercado, importando principalmente que no se “gaste” demasiado en ello. La “seguridad”, en este juego, no es más que un producto ofrecido en el mercado, del cual múltiples actores obtienen un rédito en su comercialización. Los medios de comunicación dominantes, los personajes más destacados del ambiente frívolo, los partidos políticos, entre otros agentes, imponen el problema en una sociedad que, a pesar de sus vulnerabilidades, parece ser la más segura de la historia humana. A pesar de no sufrir guerras, epidemias, genocidios, o desastres naturales, tal como padecieron las generaciones precedentes, el común de las personas siente una sensación de inseguridad completamente desproporcional a la que su realidad amerita. Es llamativa esta esquizofrenia social, en una comunidad en la que las redes de contención –para quienes integran el sistema- suelen existir en prácticamente todos los órdenes de la vida. Más contenido está el individuo, más inseguro se siente.

Retomando el eje, la cuestión del castigo actualmente concebida, tan básica, superficial, y carente de fundamentación científica, a mi juicio, no presenta un horizonte esperanzador con vistas al futuro. Más bien, el discurso tiene un elemento intrínseco que lo fortalece: su incapacidad para fracasar. En este sentido, la evidencia histórica demuestra que lo que destruye una teoría criminológica es la reincidencia del individuo. Al recaer la persona en el accionar delictivo, demuestra la incapacidad inherente del discurso para solucionar el problema. En cambio actualmente, la reincidencia no hace más que intensificar el modelo, ya que no hace más que demostrar a la sociedad que la pena que se viene aplicando no resulta ser la suficiente. Al reincidir el sujeto, esta sociedad, educada prolijamente para combatir al enemigo marginal, se organiza para solicitar al poder político una ampliación del poder punitivo en pos de “hacer pagar” al delincuente el daño que ha cometido. Esta circunstancia, conlleva indefectiblemente a un nivel de violencia desmedido, a una estigmatización de ese “otro” peligroso, y a un número extremado de personas privadas de su libertad.

Por todos estos argumentos, mencionados sin el desarrollo que requieren, no debemos descontextualizar a la baja en la edad de imputabilidad; más bien, parece ser un terreno más que el poder punitivo quiere conquistar, en su afán por criminalizar, incapacitar, y controlar a un número mayor de grupos considerados de riesgo. Como abogados del derecho penal, sociólogos, criminólogos, entiendo que corresponde repudiar enfáticamente toda ampliación del poder punitivo, por cuanto sólo plantea incluir a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad a través del castigo penal. Es curioso que un estado que no ha llegado a tiempo para contener, educar, brindar trabajo, salud, y reconocer los derechos humanos de sus jóvenes en situación de riesgo, se proponga aparecer tardíamente para aplicarles una sanción penal. Esto, lejos de cumplir con la hipócrita promesa de disminuir la violencia social, tiende a incrementarla considerablemente.


Sin más, gracias por leer.

(carta escrita hace unas semanas al CEPOC)